FUE GIRADO A COMISIÓN
El Gobierno fundamentó que la iniciativa avanza en la regulación de una materia que es de competencia federal.
El miércoles ingresó a la Cámara de Diputados el veto a la ley 5.809 por la que se creaba el Programa Provincial para el acceso seguro e informado al cannabis y a sus derivados con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos del dolor. El principal argumento del veto es que la iniciativa aprobada entra en contradicción con normativa federal ya que es una materia que se rige por leyes nacionales.
El veto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.
La iniciativa había sido presentada por la diputada Verónica Mercado. Según trascendió, el veto del Ejecutivo generó malestar en varias diputadas del oficialismo, que podrían invitar a la comisión al Asesor General de Gobierno, Nicolás Rosales Matienzo y al ministro de Inclusión Digital y Sistemas Productivos que fundamentó el veto.
La iniciativa se había aprobado en el Senado el 3 de agosto. En ese momento, el senador Oscar Vera consideró que era necesario reforzar, mediante políticas públicas locales, «el acceso integral a la salud de las usuarias y los usuarios catamarqueños de cannabis con fines medicinales bajo una perspectiva de derechos humanos y de descriminalización, utilizando como herramienta este programa que propone un marco regulatorio general propio para el consumo, cultivo, producción y comercialización del cannabis medicinal».
Además, la iniciativa aprobada había sido avalada por el Ministerio de Salud. «Es una ley superadora porque contempla todos los aspectos, desde la producción hasta la provisión de cómo se va a dispensar el producto a algún usuario. Crea un registro de usuarios, un registro de profesionales prescriptores, un registro de farmacias”, había manifestado la directora de Salud y Ambiente, Daniela Carrizo.
Fundamentos del veto
El veto del Ejecutivo hace referencia a la ley nacional 27.669, que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La normativa establece que se trata de actividades que están sujetas a la competencia federal.
«Observamos que la ley provincial avanza en la regulación de una materia que estaría dentro del ámbito de las competencias propias del Gobierno federal que, puede traer aparejado situaciones de confusión y desorientación en una temática compleja que camina por una línea muy delgada con cuestiones que involucran el derecho penal regulado como Código de Fondo», expresó el ministro Dalmacio Mera en el fundamento del veto.
Advierte que el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos es el representante de la provincia ante el Consejo Federal que establece y regula el procedimiento de autorizaciones para la industria del cáñamo y el cannabis, «nombrando al Ministerio de Producción y Desarrollo de la Nación como la autoridad de aplicación de la ley», señala y advierte el riesgo de una «doble autoridad de aplicación» al señalar que se generarán situaciones de confusión.
Por su parte, la Asesoría General de Gobierno argumenta que la tutela del derecho a la salud es una manda consagrada por la Constitución Nacional, lo que implica la obligación impostergable del Estado nacional para garantizarlo con acciones positivas.
En este sentido, señalan que existen razones de seguridad pública que justifican el control estatal con respecto al cultivo de cannabis: la prevención del tráfico ilícito. «Ello no significa confundir el narcotráfico con la actuación loable de quienes pretenden cultivar cannabis para mejorar la calidad de vida de sus hijos o de quienes lo hagan para mejorar la propia. Pero una autoridad estatal no puede soslayar la posibilidad de que el cultivo persiga fines distintos – no medicinales- que se encuentran prohibidos», sostiene.
En definitiva, el veto establece que ya existe una normativa nacional que establece el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis.
