El decreto se firmó esta semana y el beneficio es de hasta 45 mil pesos anuales a pagarse entre marzo y noviembre.
La presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Fernando Jalil, emitió un decreto con el que pone en marcha un régimen de becas para alumnos de establecimientos de gestión pública y privada que realicen estudios de nivel primario, secundario, terciario y universitario en la provincia.
El instrumento legal es el N°479 y fue firmado el 15 de julio por Jalil y el secretario administrativo del cuerpo, Gabriel Hugo Moya.
Entre los considerando del decreto que justifican la puesta en marcha de estas ayudas se encuentra «la difícil situación económica por la que atraviesa el país, con elevados índices de desocupación y un sostenido aumento de los precios».
«Se considera pertinente la implementación y el desarrollo de un programa tendiente a brindar ayuda financiera que estimule el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, de miembros de familias de bajos recursos que demuestren buen desempeño académico», añade.
Más adelante, resalta que el programa «tendrá por finalidad mejorar las oportunidades de los estudiantes catamarqueños hasta la finalización de sus estudios». En el articulado del decreto se establece que las becas se otorgarán por el periodo anual, abonándose en forma mensual. Las ayudas tendrán carácter de asignación económica no reintegrable, personal e intransferible. Regirán desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. En el caso de este año, que recién se implementa el programa, se aclara que entrará en vigencia a partir de agosto.
El importe anual será de 45 mil pesos por alumno, es decir 5 mil pesos al mes, y se podrán otorgar hasta dos becas por familia.
Requisitos
Para poder acceder a la ayuda, los beneficiarios deben pertenecer a un grupo familiar con ingresos mensuales no superiores a tres veces el salario mínimo vital y móvil; no gozar del beneficio de otra beca pública o privada y tener domicilio en la provincia. Actualmente, el salario mínimo vital y móvil es de 12.500 pesos es decir que el tope de ingresos de una familia para poder recibir el beneficio es de 37.500 pesos.
Por otra parte, el instrumento establece que las becas podrán ser canceladas si los beneficiarios abandonan los estudios, fijan domicilio fuera de la provincia o falsifican datos o documentación. En el caso del último punto, el decreto señala que el beneficiario deberá devolver el dinero percibido.
La Dirección de Políticas Sociales de la Cámara será el organismo encargado de realizar el control de la documentación presentada.
En cuanto a la cantidad de becas, el decreto advierte que el cupo será fijado anualmente por la presidencia de la Cámara.
Además, se establece que el gasto que demande el cumplimiento de la presente norma será atendido con la partida que anualmente se fije en el presupuesto del cuerpo.
