La familia Morales responsabilizó al intendente Taritolay por los incidentes

EL CONFLICTO MINERO || LOS CUATRO HERMANOS RECUPERARON LA LIBERTAD
La madre y hermanos coincidieron en señalar que se le había permitido abrir el camino, pero debía realizar determinadas obras. Aseguran que el jefe comunal no cumplió.
Tras otra jornada tensa, la fiscal subrogante de Belén, Verónica Saldaño, dispuso la libertad de los hermanos Hortensia, Evelia, Santiago e Hipólito Morales, quienes se resistieron a la avanzada policial para abrir un camino en sus tierras, que será usado para el paso del tránsito pesado hacia el proyecto minero Fénix que explota la empresa Livent. La familia responsabilizó al intendente Julio Taritolay por el conflicto que se generó con el camino, ya que no cumplió con el compromiso que había asumido.

El miércoles a la tarde la Fiscalía ordenó que se retire un alambrado que atraviesa la propiedad de la familia Morales que impedía el paso del tránsito pesado. La familia se resistió y la Policía, por orden de la Fiscalía, decidió avanzar. En ese marco se produjeron los incidentes con la familia que vive de la producción y que no tenía forma de proteger sus animales.

Según relataron, la familia había dado el consentimiento para que se abra un camino por sus tierras, pero el intendente se había comprometido a realizar las obras para garantizar seguridad para sus animales. El jefe comunal dijo que las obras se completarían en una semana, pero pasaron más de tres meses y no había avances. La familia tomó la decisión de cerrar de nuevo el paso y el intendente también había consentido la medida. Alfredo Morales comentó a El Ancasti que Taritolay acepta que se cierre de nuevo porque la empresa minera no le había cumplido con la entrega de materiales para realizar la obra. Pero ese día llegó la orden de la fiscalía para quitar el alambrado.
Hortensia y Evelia recuperaron la libertad el jueves a la tarde y denunciaron la violencia del operativo.

«Abrieron el camino a la fuerza, nosotros nos agarramos del portón y nos comenzamos a arrastrar, nos llevaron al móvil, me patearon, me esposaron, me dieron la cabeza en el móvil, estuve detenida y hospitalizada», declaró Hortensia a la prensa.
Luisa Vázquez, la madre de la familia y propietaria de las tierras, que tiene 78 años, apuntó contra el jefe comunal: «Yo soy la dueña de ahí, no pensé que llegáramos jamás a esta situación, es culpa del intendente que tenemos. Hemos hecho un convenio tranquilo para que pasen los camiones, pero eso no ha sido un camino y no se cumplió», expresó la mujer que contó que ella y sus hijos se encargan del cuidado de los animales y necesitan tener el alambrado porque ya no pueden andar persiguiéndolos en medio del calor.

En Belén
Ayer, la fiscal Saldaño convocó a prestar declaración indagatoria a los cuatro hermanos. También convocó al intendente Julio Taritolay.

Afuera se manifestaban integrantes de la asamblea Pucará en reclamo de la libertad de la familia. Karina, una dirigente de Santa María, expresó: «No se puede permitir que porque una empresa minera quiere hacer un by pass vengan y atropellen. Ellos son productores de Antofagasta y tienen derecho a defender su territorio y su casa».
Tras una jornada tensa, en horas de la tarde recuperaron la libertad los otros dos hermanos Santiago e Hipólito.
Además, las organizaciones que reclamaron la libertad de los Morales emitieron un documento con duras críticas al Gobierno provincial.

«Sin disimulo alguno y de manera descarada, habiendo pasado las elecciones y, por lo tanto, el riesgo de que una represión afecte el caudal del votos del oficialismo, el servilismo del Estado provincial con las empresas mineras se muestra desvergonzadamente ante la población. Sin orden judicial pertinente, sin notificación previa, sobre un territorio ocupado pacíficamente de manera ancestral por la familia Morales, los empresarios mineros cual señores feudales del territorio antofagasteño exigieron la apertura de un paso para sus camiones, a través de una propiedad que no les corresponde y por la cual ni dichas empresas ni el Estado provincial abonaron indemnización o compensación alguna por dicha disposición arbitraria de dichos terrenos».

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