Condenan a Olga Santillán a devolver más de $ 6 millones

El Tribunal de Cuentas condenó a la ex intendenta de la Municipalidad de Icaño Olga Santillán de Doro (FCS) y al ex secretario de Hacienda de la comuna Raúl Alberto Rodríguez a reintegrar a la hacienda pública la suma de $ 6.180.606 por las irregularidades detectadas en la rendición de cuentas que corresponde al primer semestre de 2011. La resolución se aprobó por mayoría de votos, con la disidencia del presidente, Mardonio Rafael Díaz Martínez.

Además, la mayoría del organismo aprobó ingresos por $ 9.907.015 durante el primer semestre de 2011 y egresos por $ 3.904.768, monto que está acreditado documentalmente. Luego, se ordena el descargo de la suma de $ 10.085.375 por el que falta documentación.

Por unanimidad, se condena a la ex jefa comunal a pagar una multa equivalente a ocho días del haber del cargo que tenía al producirse los hechos, lo que asciende a $ 2.440 y la misma sanción es de $ 1.830 para el ex funcionario de Hacienda.

En la descripción de las irregularidades halladas por la auditoría, se deja en evidencia que en los libros del municipio se registraron gastos cuya documentación respaldatoria no fue proporcionada. En este punto, la ex jefa comunal argumentó que esa documentación está en poder del Juzgado de Control de Garantías de Menores y Laboral de la circunscripción judicial de la ciudad de Recreo. Sin embargo, en la resolución se expresa que para realizar la auditoría se dispuso el traslado de los auditores para que auditen la documentación secuestrada por el Juzgado y solo se encontró documentación por un importe de $ 448.292. En consecuencia, se formuló reparo por $ 6.088.694.

Entre otros puntos, la auditoría observó que no se presentó en forma completa el detalle de los registros contables del municipio. También, comprobantes que carecían de fecha y constancia de conformidad de recepción de los bienes y servicios adquiridos y que las órdenes de pago no se encontraban numeradas.

IRREGULARIDADES

 La mayoría de las irregularidades detectadas son por la falta de documentación que acredite el gasto realizado.
 Se observa la contratación en forma directa de dos firmas, una por un total de $ 367.774 y otra por $ 92.000. El TC advierte que por el monto de la contratación debería haberse seguido otro procedimiento.
 La auditoría cuestiona la adquisición de bienes por
$ 4.221 que no hacen al normal desenvolvimiento del municipio.
 El presidente del TC, Mardonio Díaz Martínez, opinó que el monto a devolver debía ser $ 3.024.175, ya que los otros $ 3 millones fueron para gastos en personal.

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